DESAPARICIÓN FORZADA

... Nadie les ha explicado con certeza

si ya se fueron o si no

si son pancartas o temblores

sobrevivientes o responsos… (Mario Benedetti) 

Entre todas las violaciones a los Derechos Humanos, la más cuestionable desde un punto de vista ético, es la Desaparición de Personas. A diferencia de otras formas de represión, la desaparición forzada, como práctica masiva y sistemática surge en el presente siglo. En efecto, los encarcelamientos, las torturas, el exilio, los asesinatos, las masacres, el genocidio, son complementarias a la mencionada. Por ello, debemos lamentar entre los inventos del Siglo XX, la desaparición de personas, como el más espurio de los métodos para reprimir al Hombre. 

La desaparición forzada constituye en sí misma la negación del ser humano. El desaparecido es despojado de todos sus derechos y colocado en situación de total indefensión a la merced de sus victimarios, sin ninguna protección de la ley. La práctica de la desaparición forzada vulnera los dictados más elementales de la humanidad y los principios básicos del estado de derecho y del derecho internacional. La desaparición forzada constituye un desafío al concepto mismo de los derechos humanos: es la negación del derecho del ser humano a tener una existencia, una identidad. 

En todos los casos fueron objeto de una cruenta represión, desplegada por los grupos hegemónicos nacionales, pero alentada y propiciada por EE.UU., para impedir su éxito. La represión sobre la izquierda en general y sobre los grupos más radicales en particular se produjo al abrigo de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, en virtud de la cual los conflictos nacionales se leían a la luz de la confrontación entre Occidente y el mundo socialista, en el contexto de la Guerra Fría (1947 a 1991). Poco importaba que las luchas nacionales no se orientaran a constituir países alineados con el bloque socialista, como era el caso evidente del peronismo argentino o del socialismo chileno; el sólo hecho de que no fueran incondicionales los hacía potencialmente peligrosos en ese contexto. 

Calloni (2001) citado por Calveiro (2006), la cual expresa que así, se abortaron proyectos tan diferentes como el socialista de Salvador Allende, la amplia alianza de la izquierda uruguaya o la Revolución Sandinista, mediante la violencia y el terror, con políticas acordadas entre los grupos de poder latinoamericanos y propiciadas por EE.UU. En el caso del Cono Sur, el Plan Cóndor fue la expresión más clara de esta estrategia, que consistió en la creación de una extraña y gigantesca red, en la que se entrelazaron la DINA chilena, la OCOA uruguaya, la AAA argentina, los servicios paraguayos y brasileños, la P2 italiana, la OAS francesa, grupos fascistas españoles y grupos de cubanos anticastristas. 

La violación a los Derechos Humanos, ocurrida en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973, mereció una atención especial en todo el mundo y la lucha del movimiento de Derechos Humanos y del pueblo chileno no estuvo aislada de la preocupación y de la sensibilidad internacional. 

La violencia que caracterizó el pasado reciente no fue el resultado de la casualidad ni de excesos individuales: la Dictadura Militar se propuso refundar una nueva sociedad, y su instrumento en ese proceso fue el uso brutal, irracional y sistemático de la violencia de Estado, cuyo efecto trascendió a la destrucción del tejido social, es decir, a las organizaciones sociales y políticas, alcanzando a valores, al espíritu y a la identidad nacional. 

La defensa de las violaciones a los derechos humanos que afectó a miles de chilenos víctimas de la represión entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, se caracterizó por una tarea amplia de denuncia pública que incluyó la interposición de acciones ante los Tribunales de Justicia, los cuales no fueron acogidos. 

Cabe destacar en este sentido la tarea promovida por diversas instituciones, como el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, creado en octubre de 1973 por la Iglesia Católica, Protestante, Judía y Ortodoxa; la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, en el año 1976, sucesora del Comité Pro Paz; la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC (1977); la Comisión Chilena de Derechos Humanos (1984); el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU (1980); y otras organizaciones sociales y organismos no gubernamentales que tuvieron -y mantienen- como objetivo la defensa y promoción de los derechos humanos y la exigencia de Verdad y Justicia en torno a las violaciones cometidas en Chile. 

El Plan Cóndor, así como los demás operativos represivos de la época, fueron prácticas de Estado que utilizaron métodos ilegales. Aunque bajo diferentes modalidades, su común denominador fue la desaparición de personas. El genocidio étnico ocurrido en Guatemala o el genocidio político perpetrado en Argentina, aunque menores en números absolutos –es un hecho sin duda relevante que pone de manifiesto las lógicas resonantes de las experiencias totalizadoras del siglo XX y se utilizaron, de igual manera, para diseminar el terror y paralizar a sociedades conflictivas y resistentes. 

Si nos remontamos a la historia, se podría afirmar que el primer país que ejerció la práctica de la desaparición forzada por parte de agentes del Estado o personas al servicio de él, en América Latina fue Guatemala. En el año 1964, durante el régimen del coronel Enrique Peralta Azurdia, 28 dirigentes fueron secuestrados, asesinados y lanzados al mar desde aviones militares. 

En Latinoamérica, Brasil entre los años 1964 y 1985; Uruguay, entre 1973 a 1989; Argentina, 1976 a 1983, ejercieron como política de Estado la desaparición forzada de personas. 

Las cifras sobre personas detenidas y desaparecidas en Chile varían. Según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en 1991 por el gobierno de Patricio Aylwin, hubo 1.185 casos en el período del régimen militar (septiembre 1973-marzo 1990). El mismo informe, más conocido como Informe Rettig establece claramente dos períodos diferenciados en la práctica de detener y desaparecer. El primero prevaleció en los meses inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973. Por lo general, en este período, tras la detención de la persona, se procedía a su ejecución sumaria o asesinato “disponiéndose” luego del cadáver (por lo común, lanzándolo a un río o enterrándolo clandestinamente), todo ello seguido de negación de los hechos o de la entrega de versiones falsas. 

Para la Comisión, en estos casos, la desaparición fue “más bien un modo de ocultar o encubrir los crímenes cometidos, antes que el resultado de acciones sujetas a una coordinación central que tuvieran por objeto eliminar a categorías predeterminadas de personas” (1996: 18). 

En el segundo período, que cubre principalmente los años entre 1974 y 1977, la Comisión señala que tras las acciones represivas del régimen, “había una voluntad de exterminio, dirigida sistemáticamente y por motivaciones políticas, en contra de ciertas categorías de personas” (Ibíd.: 18). 

En ese período, el principal responsable de las desapariciones forzadas recae en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) no siendo el único responsable, pues en esa etapa funcionó paralelamente el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y el Comando Conjunto. 

Lo que pena no son sólo los sueños rotos ni los anhelos sino las vidas truncas de mujeres y hombres que lucharon por sus ideales, por sus principios, seguramente por una vida mejor. Y más allá de eso, está el dolor de amigos y sobre todo de las familias, que hoy todavía reclaman Justicia, como un deber ético para saber ¿Dónde Están? Detrás de la lectura de los casos de los detenidos desaparecidos, de sus fotos que las muestran alegres o formales, de los testimonios de familiares y testigos aparece una inmensa tragedia humana. 

Memoria en construcción es un proceso, un tránsito colectivo, una discusión en curso. Mientras continúa la lucha sin pausa por la justicia y la verdad, la construcción de la memoria colectiva sigue su camino de subjetividades superpuestas. En cuanto esté viva la palabra, persista el debate de ideas, circule el pensamiento y sigan abiertos los interrogantes, el camino ensayado por los que perdieron la vida en los campos de exterminio de la dictadura no se cerrará (Brodsky, 2005: 45).