Trabajo Social chileno y la reconceptualización: Apuntes para re-mirar

“El trabajador social que ha perdido la capacidad de indignación y de rebeldía ante los problemas y las injusticias que padecen los sectores vulnerables, está más cerca de la esterilidad y de la enajenación que del desempeño profesional” (Alayon, 1989:12).

La reconceptualización del trabajo social es el proceso de auto-reflexión que se da en el ámbito profesional aproximadamente entre los años 1965 a 1975, en el marco de la evolución histórica del trabajo social en América Latina, proceso sólo interrumpido por los violentos golpes de Estado y las graduales Dictaduras Militares. La reconceptualización intenta dar una mirada de carácter científico al Trabajo Social, se fortalece el estudio de la realidad social y los fenómenos sociales para, proactivamente, desarrollar y facilitar en los sujetos motivaciones para el cambio consciente de sus realidades.

La reorientación es un movimiento Reformista, que se comienza a dar en Servicio Social a partir del año 1968. Tiene como finalidad cuestionar el Servicio Social Tradicional, en lo que dice relación a objetivos, funciones, formación profesional, orientación de la carrera y construir a partir de esta crítica, un Servicio Social de acuerdo a los requerimientos de América Latina (Agurto, Cabrera, García, Ortiz y Rivas, 1970: 37).

Para ahondar las miradas que existieron y coexistieron al menos en las tres grandes Universidades de Chile, respecto al proceso de reconceptualización, destacamos lo siguiente:

La Escuela de la Universidad Católica, conforme a la política del MAPU que sostiene la necesidad de repensar la realidad chilena para elaborar propuestas que reflejen las nuevas condiciones nacionales y de participación del movimiento popular, centra su reflexión en el quehacer académico y genera dos potentes aportes que recorren el continente y forman parte de los anales del movimiento: un modelo de metodología integrada o método único del Trabajo Social, y los talleres como técnica didáctica privilegiada para la formación de trabajadores sociales.

La Escuela de la Universidad de Concepción –situada 500 kilómetros al sur de Santiago, en una región industrial y minera- combina una reflexión teórica con un trabajo de base con los movimientos sociales emergentes, en especial los campesinos sin tierra y los trabajadores urbanos sin casa, en los que centra su trabajo el MIR, con aportes acerca del ser y el quehacer del Trabajo Social.

El proceso de la Escuela de la Universidad de Chile fue impulsado por el movimiento estudiantil que, a diferencia de la Católica y Concepción, debió enfrentar una planta docente profesional mayoritariamente adscripta al statu quo. Sólo a partir de 1968, tras conquistar la dirección de la escuela en elecciones democráticas, impulsa un modelo con fuerte énfasis en el trabajo comunitario y compromiso con los sectores populares, pero con una mirada y una reflexión acerca de las formas de inserción de este enfoque en el campo institucional, en especial en el sector salud, que constituye en ese momento más del 40% del mercado ocupacional de los trabajadores sociales (Hernández y Ruz, 2005: 91).

El Trabajo Social, en la mirada de la Reconceptualización, da énfasis a la persona y no al problema, colocando fuerza en la realidad, cómo los sujetos vivencian sus problemas y en la acción superadora de situaciones.

Alvariño Marín (n/d) expresa que “A los enfoques, métodos y técnicas y funciones tradicionales se opusieron nuevas ideas, muchas de las cuales no llegaron a concretarse. Algunos elementos, sin embargo, surgieron con bastante claridad. Al trasfondo más o menos intuitivo que guiaba la práctica, se opuso un cierto rigor científico. A la atención del individuo, la capacitación de masas. A la pasividad y la rutina, la agresividad creativa. A la neutralidad política, el compromiso con la liberación del hombre” (83).

Luego del gobierno de Eduardo Frei Montalva y sus ciertos avances en amplios sectores populares. A principios de los años 70, con el inicio del Gobierno de la Unidad Popular, se da una radical politización de la sociedad y de la acción profesional dentro de las ciencias sociales, dejándose muchas veces llevar por la efervescencia popular y de la esperanza de un cambio social, que se estaba levantando experimentalmente.

En el Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, de diciembre de 1969, aprobado por los partidos Comunista, Socialista, Radical y Social Demócrata y el Movimiento de Acción Popular Unitaria y la Acción Popular se expresaba lo siguiente a modo de diagnóstico situacional:

Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud (1969: 3).

En Chile las recetas “reformistas” y “desarrollistas” que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado una vez más que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo (1969: 4).

Teniendo esta mirada de la realidad chilena, los cambios se hacen urgente si bien en forma paulatina, hay y existe un convencimiento de la necesidad de lo mismo, por tanto, desde el primer día de gobierno de la Unidad Popular ese fue el sello y el Servicio Social no quedo ajeno, pues además en su propio seno había una fuerte discusión entre reconceptualización versus reorientación.

Servicio Social en nuestro país ha nacido en el contexto de un capitalismo dependiente y por tanto, ha tratado en todas las épocas de armonizar los intereses de clase manteniendo el sistema de dominación de la clase burguesa, paliando las necesidades de las grandes mayorías, armonizando la lucha de clases y en suma manteniendo la situación de status quo imperante; de allí que haya tenido primeramente una actitud caritativa, posteriormente asistencialista y después siguiendo la línea del Imperialismo Norteamericano, desarrollista (Olivares, Olivares y Aragón, 1973: 153).

El Método Único surge en la Escuela de Servicio Social de la Universidad de Concepción (Chile) proponiendo como objetivos la transformación social y señalando cuatro grandes funciones para la profesión (función de educación social, función de investigación social, función de planificación social y función asistencial), si bien rompe con la tríada clásica (caso, grupo y comunidad) en cada función se establecen un conjunto de pasos metodológicos reproduciendo un etapismo que, basado en el pensamiento formal-abstracto, no logra romper con el positivismo y profundiza la diferenciación entre teoría y práctica.

El proceso de lucha, critica y transformación se manifiesta en acciones tácticas y estratégicas según el proyecto global de la clase obrera para lograr históricamente la participación, la gestión, la planificación y la administración de su destino por los sujetos mismos del proceso (Pizarro de Palma, Jofre, de Paula, Quiroz y Leiva, 1972: 56).

En el medio de la vorágine de discusiones teóricas y prácticas al interior del Trabajo Social, los estudiantes y profesionales se implicaron en diversas acciones que impulsaba el gobierno popular de Allende Gossens, por ejemplo, salud, educación, capacitación y formación entre algunas.

Otras de las acciones importantes realizadas en el ámbito de la “emergencia” fue la partida desde la Estación Central, en febrero de 1971, del Tren de la Salud con destino a las provincias de Cautín, Malleco y Arauco, internándose en ellas a través de sus ramales ferroviarios. Portaba un equipo completo de profesionales que trabajarían intensamente durante 35 días: médicos, enfermeras, abogados, sociólogos, constructores civiles y psicólogos, los cuales se integrarían a las comunidades rurales más pobres, tanto para resolver sus problemas de salud, como para realizar tareas vinculadas a la alfabetización, construcción de viviendas, agua potable disposición sanitaria de las excretas, entre otras (Illanes, 2010: 479).

Con el proceso de la reconceptualización fuertemente influenciado por los profundos cambios que se estaban sucediendo tanto en el país como en América Latina, el Trabajo Social se encuentra en una división entre los profesionales que apoyaban este proceso a partir de sus escuelas y quienes defendían el pasado de la profesión, liderados por el Colegio de Asistentes Sociales, quienes no se oponían a los cambios pero no estaba de acuerdo con los cuestionamiento a los avances de la profesión.

Pero una definición ideológica visionaria, racional, critica sobre la base de cambiar un sistema por otro (socialista) esa es la gran definición, que debe plantearse en todo ámbito, con una actitud amplia en la discusión ideológica derivada de la lucha de clases de la cual nuestro colegio no puede estar ausente, dejando su actitud cerrada y amiguista para transformarse en el motor que oriente la definición ideológica planteada (Olivares, Olivares y Aragón, op.cit.: 156).

Hasta 1973 en Chile, existían 11 Escuelas de Servicio Social, cerrando la mayoría, dos de ellas no volvieron a funcionar, las de Arica y Osorno, otras después de un largo proceso de restructuración se fueron reabriendo con el tiempo pero en otro contexto.

Hace menos de cuatro décadas atrás que la formación de la profesión en Chile, en su momento, se encontraba representado, y porque no decirlo, llevaba la vanguardia, en la lucha teórica por el Trabajo Social y el proceso reconceptualizador de la carrera; es recién en esa época se pudo soltar la mochila que la denominaba popularmente como “la visitadora social”, para ser reconocida por las personas con quien se interactuaba.

A partir de septiembre 1973, el Trabajo Social se ve afectado principalmente por la restricción a los derechos políticos y por las características del nuevo modelo económico a implementar. Al asumir el Estado un rol subsidiario, se restringe el campo profesional por la reducción del gasto público, y muchos profesionales se ven afectados por el desempleo y la persecución política.

Quienes tienen militancia política de izquierda son perseguidos, y muchos deben abandonar el país en calidad de exiliados. Se intervienen las Universidades y las Escuelas de Trabajo Social se ven afectadas por la pérdida de profesores, reestructuraciones curriculares y, en algunos casos, cierre de Escuelas.

Los sucesos post golpe militar refuerzan esa división: mientras los trabajadores sociales reconceptualizados, en tanto portadores de una nueva postura profesional y militantes de los partidos populares, son reprimidos, cesados en sus puestos de trabajo, expulsados de las universidades, detenidos, torturados, asesinados y exiliados del país, quienes mantienen las posturas del viejo Trabajo Social declaran su adhesión al nuevo régimen de facto y justifican la represión a sus colegas (Hernández y Ruz, 2005: 96)

Luego del golpe militar de septiembre de 1973, el Trabajo Social chileno queda en las siguientes condiciones objetivas:

Retrotrae al Trabajo Social a condiciones similares a las existentes en la década de los treinta.

a. Se prohíbe el trabajo con grupos y comunidades. Paralelamente se prohibieron las visitas domiciliarias.

b. Cierre de escuelas, entre ellas la de la Universidad de Chile. Referido a esto, se le quita su carácter universitario al no requerir la licenciatura.

c. En el marco de represión y control social, los profesionales del Servicio Social son perseguidos por la dictadura militar, en ese contexto existen al presente 14 Detenidos Desaparecidos, 4 Ejecutados Políticos y 2 por Violencia Política.

Lo que intentamos decir es que las nuevas generaciones de trabajadores sociales tienen el desafío de inventar su propia reconceptualización, sin vivir como un trauma su ruptura con los modelos, ese movimiento que aún se enseña en muchas escuelas del país, rescatando de ella su ética del compromiso, su apertura epistemológica y teórica, su capacidad para imaginar métodos y modelos técnicos (Ruz, 2016:116)

Seguramente, para un sector relevante de los profesionales, estos acontecimientos no signifiquen mucho. No sería casual, ya que en nuestros procesos de formación profesional, aun con diferencias entre las escuelas a lo largo del país, prevalece una tendencia mucho más eficaz que la censura: la desmemoria.

Y la memoria es un proceso fundamental, no sólo porque podemos resignificar el pasado, sino además (re) pensar el futuro; es decir, esta resignificación del pasado exhibe la posibilidad de ver lo que fueron las dudas, los errores y también lo positivo, pues solo consta el pasado y el futuro, porque el presente siempre es transitorio.

Bibliografía:

1. Agurto, J., Cabrera, E., García, S., Ortiz, M., y Rivas, G (1970): Origen y Realidad del Trabajo Social, Tesis para optar al título de Asistencia Social, Universidad de Norte, Santiago de Chile.

2. Hernández, J., Ruz, O (2005): “La Reconceptualización en Chile”, en N. Alayon (ed.): Trabajo Social Latinoamericano. A 40 años de la Reconceptualización. Argentina, Espacio Editorial. (1ª Ed.).

3. Illanes, M (2010): En el nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia. Historia Social de la Salud Pública. Chile 1880/1973. Santiago, Ministerio de Salud. Segunda Edición.

4. Olivares, H., Olivares, I., y Aragón, M., (1973): Algunas consideraciones sobre el proceso Revolucionario Chileno y la participación del profesional de Servicio Social en el. Tesis para optar al título de Asistente Social, Sede Antofagasta, Universidad de Chile.

5. Pizarro, E., Jofré, M., De Paula, V., Quiroz, T., y Leiva, C. (1972): ¿Qué es Trabajo Socia? Escuela de Trabajo Social UCV, Universidad Católica de Valparaíso, Editorial Universitaria, Santiago.

6. Ruz, O (2016): “Reorientación y Reconceptualización del Trabajo Social en Chile”, en P. Vidal Molina (ed.): Trabajo Social en Chile. Un siglo de trayectoria, Ril Ediciones, Primera Edición.

DESAPARICIÓN FORZADA

... Nadie les ha explicado con certeza

si ya se fueron o si no

si son pancartas o temblores

sobrevivientes o responsos… (Mario Benedetti) 

Entre todas las violaciones a los Derechos Humanos, la más cuestionable desde un punto de vista ético, es la Desaparición de Personas. A diferencia de otras formas de represión, la desaparición forzada, como práctica masiva y sistemática surge en el presente siglo. En efecto, los encarcelamientos, las torturas, el exilio, los asesinatos, las masacres, el genocidio, son complementarias a la mencionada. Por ello, debemos lamentar entre los inventos del Siglo XX, la desaparición de personas, como el más espurio de los métodos para reprimir al Hombre. 

La desaparición forzada constituye en sí misma la negación del ser humano. El desaparecido es despojado de todos sus derechos y colocado en situación de total indefensión a la merced de sus victimarios, sin ninguna protección de la ley. La práctica de la desaparición forzada vulnera los dictados más elementales de la humanidad y los principios básicos del estado de derecho y del derecho internacional. La desaparición forzada constituye un desafío al concepto mismo de los derechos humanos: es la negación del derecho del ser humano a tener una existencia, una identidad. 

En todos los casos fueron objeto de una cruenta represión, desplegada por los grupos hegemónicos nacionales, pero alentada y propiciada por EE.UU., para impedir su éxito. La represión sobre la izquierda en general y sobre los grupos más radicales en particular se produjo al abrigo de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, en virtud de la cual los conflictos nacionales se leían a la luz de la confrontación entre Occidente y el mundo socialista, en el contexto de la Guerra Fría (1947 a 1991). Poco importaba que las luchas nacionales no se orientaran a constituir países alineados con el bloque socialista, como era el caso evidente del peronismo argentino o del socialismo chileno; el sólo hecho de que no fueran incondicionales los hacía potencialmente peligrosos en ese contexto. 

Calloni (2001) citado por Calveiro (2006), la cual expresa que así, se abortaron proyectos tan diferentes como el socialista de Salvador Allende, la amplia alianza de la izquierda uruguaya o la Revolución Sandinista, mediante la violencia y el terror, con políticas acordadas entre los grupos de poder latinoamericanos y propiciadas por EE.UU. En el caso del Cono Sur, el Plan Cóndor fue la expresión más clara de esta estrategia, que consistió en la creación de una extraña y gigantesca red, en la que se entrelazaron la DINA chilena, la OCOA uruguaya, la AAA argentina, los servicios paraguayos y brasileños, la P2 italiana, la OAS francesa, grupos fascistas españoles y grupos de cubanos anticastristas. 

La violación a los Derechos Humanos, ocurrida en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973, mereció una atención especial en todo el mundo y la lucha del movimiento de Derechos Humanos y del pueblo chileno no estuvo aislada de la preocupación y de la sensibilidad internacional. 

La violencia que caracterizó el pasado reciente no fue el resultado de la casualidad ni de excesos individuales: la Dictadura Militar se propuso refundar una nueva sociedad, y su instrumento en ese proceso fue el uso brutal, irracional y sistemático de la violencia de Estado, cuyo efecto trascendió a la destrucción del tejido social, es decir, a las organizaciones sociales y políticas, alcanzando a valores, al espíritu y a la identidad nacional. 

La defensa de las violaciones a los derechos humanos que afectó a miles de chilenos víctimas de la represión entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, se caracterizó por una tarea amplia de denuncia pública que incluyó la interposición de acciones ante los Tribunales de Justicia, los cuales no fueron acogidos. 

Cabe destacar en este sentido la tarea promovida por diversas instituciones, como el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, creado en octubre de 1973 por la Iglesia Católica, Protestante, Judía y Ortodoxa; la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago, en el año 1976, sucesora del Comité Pro Paz; la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC (1977); la Comisión Chilena de Derechos Humanos (1984); el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU (1980); y otras organizaciones sociales y organismos no gubernamentales que tuvieron -y mantienen- como objetivo la defensa y promoción de los derechos humanos y la exigencia de Verdad y Justicia en torno a las violaciones cometidas en Chile. 

El Plan Cóndor, así como los demás operativos represivos de la época, fueron prácticas de Estado que utilizaron métodos ilegales. Aunque bajo diferentes modalidades, su común denominador fue la desaparición de personas. El genocidio étnico ocurrido en Guatemala o el genocidio político perpetrado en Argentina, aunque menores en números absolutos –es un hecho sin duda relevante que pone de manifiesto las lógicas resonantes de las experiencias totalizadoras del siglo XX y se utilizaron, de igual manera, para diseminar el terror y paralizar a sociedades conflictivas y resistentes. 

Si nos remontamos a la historia, se podría afirmar que el primer país que ejerció la práctica de la desaparición forzada por parte de agentes del Estado o personas al servicio de él, en América Latina fue Guatemala. En el año 1964, durante el régimen del coronel Enrique Peralta Azurdia, 28 dirigentes fueron secuestrados, asesinados y lanzados al mar desde aviones militares. 

En Latinoamérica, Brasil entre los años 1964 y 1985; Uruguay, entre 1973 a 1989; Argentina, 1976 a 1983, ejercieron como política de Estado la desaparición forzada de personas. 

Las cifras sobre personas detenidas y desaparecidas en Chile varían. Según el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada en 1991 por el gobierno de Patricio Aylwin, hubo 1.185 casos en el período del régimen militar (septiembre 1973-marzo 1990). El mismo informe, más conocido como Informe Rettig establece claramente dos períodos diferenciados en la práctica de detener y desaparecer. El primero prevaleció en los meses inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 1973. Por lo general, en este período, tras la detención de la persona, se procedía a su ejecución sumaria o asesinato “disponiéndose” luego del cadáver (por lo común, lanzándolo a un río o enterrándolo clandestinamente), todo ello seguido de negación de los hechos o de la entrega de versiones falsas. 

Para la Comisión, en estos casos, la desaparición fue “más bien un modo de ocultar o encubrir los crímenes cometidos, antes que el resultado de acciones sujetas a una coordinación central que tuvieran por objeto eliminar a categorías predeterminadas de personas” (1996: 18). 

En el segundo período, que cubre principalmente los años entre 1974 y 1977, la Comisión señala que tras las acciones represivas del régimen, “había una voluntad de exterminio, dirigida sistemáticamente y por motivaciones políticas, en contra de ciertas categorías de personas” (Ibíd.: 18). 

En ese período, el principal responsable de las desapariciones forzadas recae en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) no siendo el único responsable, pues en esa etapa funcionó paralelamente el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA) y el Comando Conjunto. 

Lo que pena no son sólo los sueños rotos ni los anhelos sino las vidas truncas de mujeres y hombres que lucharon por sus ideales, por sus principios, seguramente por una vida mejor. Y más allá de eso, está el dolor de amigos y sobre todo de las familias, que hoy todavía reclaman Justicia, como un deber ético para saber ¿Dónde Están? Detrás de la lectura de los casos de los detenidos desaparecidos, de sus fotos que las muestran alegres o formales, de los testimonios de familiares y testigos aparece una inmensa tragedia humana. 

Memoria en construcción es un proceso, un tránsito colectivo, una discusión en curso. Mientras continúa la lucha sin pausa por la justicia y la verdad, la construcción de la memoria colectiva sigue su camino de subjetividades superpuestas. En cuanto esté viva la palabra, persista el debate de ideas, circule el pensamiento y sigan abiertos los interrogantes, el camino ensayado por los que perdieron la vida en los campos de exterminio de la dictadura no se cerrará (Brodsky, 2005: 45).

MEMORIA, VIOLENCIA Y REPRESIÓN

“Tapar una herida no es cerrarla. La herida está abierta (…).  

Todo lo que es sacar a la luz ese dolor, que vuelve a doler, es una reparación social, universal.

Tapar la historia es la negación de la identidad de un pueblo, el riesgo de la repetición.

Cuando no hay justicia, no hay verdad, no hay memoria”

(Estela de Carlotto, 2018)

Nuestras sociedades están atravesadas por la violencia, como toda sociedad de clases. Se establecen relaciones de poder entre dominadores y dominados, donde aparece la opresión, el autoritarismo y la discriminación.

Existen disímiles formas de violencia: guerras, asesinatos, torturas, desapariciones, secuestros que en América Latina se conocieron muy bien en tiempos pretéritos, para las cuales se han buscado diferentes formas de combatirla.

La filósofa Hannah Arendt señala que “la violencia puede ser justificable pero nunca legítima. Su justificación pierde plausibilidad cuanto más se aleja en el futuro el fin propuesto. Nadie discute el uso de la violencia en defensa propia porque el peligro no sólo resulta claro sino que es actual y el fin que justifica los medios es inmediato.

La violencia se puede definir como el uso de una fuerza abierta u oculta con el fin de obtener de un individuo o grupo lo que no quieren libremente. El tema de la violencia está estrechamente vinculado al poder, toda situación de violencia es una situación de poder.

Michel Foucault señala que “existen redes sociales en las cuales el poder circula y que el ejercicio del poder se fue modificando a lo largo de la historia. Antiguamente se ejercía el poder sobre la totalidad de la sociedad, pero al complejizarse la red de relaciones hay elementos que se escapan a su control; se hace necesario, entonces, un nuevo mecanismo que controle las cosas y las personas en cada detalle, de esta forma el poder se ejerce sobre el individuo y no sobre el cuerpo social en su totalidad”.

Hace unos días hemos revisitado nuevamente hechos violentos transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales, la irrupción y asalto de funcionarios de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile apoyados por gases lacrimógenos y un carro lanzaaguas -patente LA-050- a un establecimiento educacional capitalino so pretexto de la consumación de un “delito flagrante”.

En forma enajenada procedieron a ingresar por la puerta principal agrediendo no solamente con sus propios elementos sino con “sillas” lanzadas con fuerza desmedida sobre cabezas de decenas de estudiantes que se encontraban en el patio realizando diversas actividades cotidianas.

Niños y jóvenes estudiantes y trabajadores arrastrados, violentados resultaron heridos y una decena de estudiantes retenidos en una nueva “batalla campal” protagonizada por funcionarios de las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, institución que actualmente mantiene profundos cuestionamientos y una creciente falta de credibilidad ciudadana producto de fraude que bordea los 30 mil millones de pesos.

Las penosas, violentas y graves imágenes nos hicieron retroceder a tiempos transitados cuando los detenidos eran engrillados y vejados públicamente como lo fue en el caso del estudiante de 4° medio de dicho establecimiento saliendo sólo con ropa interior escoltado por dos funcionarios de FFEE.

Desde algunos sectores tímidamente han salido voces cuestionando el uso innecesario de violencia, el abuso de poder e irracional aplicados una vez más por funcionarios de Carabineros de Chile. Exceptuando, las autoridades públicas del actual gobierno, como es el sostenedor del establecimiento y a la sazón, alcalde de Santiago y la Intendenta de la Región Metropolitana con su discurso de la “teoría del empate”, olvidando con ello:

a. Qué los estudiantes son niños y jóvenes, por tanto, el Estado debe cuidar, velar y cautelar con dignidad sus derechos.

b. Qué Carabineros de Chile según el Informe Rettig es la tercera fuerza responsable de personas fallecidas durante los años de la Dictadura Militar

c. Olvidando también que existen cerca de 100 personas muertas por funcionarios del Estado en diversos hechos, en 28 años de democracia.

d. Y olvidando, además, que existen 101 casos de tortura a partir de denuncias y constatadas por médicos a estudiantes, todos menores de edad detenidos por funcionarios de Carabineros de Chile, entre el año 2011 y el primer trimestre del 2016 durante manifestaciones públicas, marchas y desalojos de liceos.

e. Referido a todo lo anterior, olvidando que existen informes de la UNICEF, del Instituto de Derechos Humanos (INDH) y comunicados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenando el actuar de las Fuerza Especiales de Carabineros por la “ausencia de proporcionalidad en las medidas adoptadas al prohibir marchas, manifestaciones, regularlas de forma inadecuada y reprimirlas utilizando violencia desmedida”.

¿Dónde reside el problema fundamental?

En Chile, la regulación del actuar policial en el contexto de la protesta social está contenida en los denominados “Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público” del año 2014, documento de 45 páginas. El cual fue elaborado a partir de la experiencia y los esquemas de trabajo de la Prefectura de Fuerzas Especiales, “considerando una investigación académica, el análisis pormenorizado de las prácticas policiales y la revisión de las opiniones de un panel de expertos de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos”, puede leerse en la página 2 de la presentación del documento en cuestión.

En términos estructurales, dichos protocolos se ajustan, por norma general, a los estándares internacionales exigibles, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Ante la vulneración del protocolo, Carabineros de Chile tiene la facultad de instruir por oficio sumario administrativo que vislumbra sanciones que van desde una amonestación a la baja del funcionario.

A pesar de ser un pequeño avance dicho documento como también el haber abandonado la dependencia del Ministerio de Defensa en el año 2010, Carabineros de Chile en la práctica siguen rigiéndose por la Justicia Militar, con lo cual cualquier denuncia, investigación y sanción se resuelve en un espacio vacío, por tanto, instalando nuevamente la impunidad, que Chile conoce muy bien particularmente en los casos de violaciones a los Derechos Humanos.

En el 2015, un informe del Instituto Nacional de Derechos (INDH) cifraba en “20.000 las causas que han llegado a la Fiscalía Militar entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos desde 1991, de las que sólo el 1.7% ha llegado a tener sentencia”, cifra bajísima.

Entonces, ¿Dónde reside el problema? El problema radica en varios puntos como son:

1. Una justicia y una reparación en la medida de lo posible. En donde los autores materiales y cómplices acusados, procesados y condenados no superan el millar.

2. Una máxima como el “Nunca Más” con un silencio de 50 años, sin contenido técnico, político y programático para las instituciones armadas. Persistiendo aún la mirada “del enemigo interno” y no como sujetos de Derechos.

3. Una verdadera psicoeducación a las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, en sus procedimientos y protocolos en la actuación, trato y manejo con respeto de la población civil.

4. La normalización y naturalización de la violencia. Particularmente, administrada y aplicada bajo el concepto de “control social” por las Fuerzas Especiales desde el regreso a la Democracia más allá de los ajustes en sus protocolos y procedimientos.

5. El escaso y a veces nulo, debate de las memorias, tan enraizadas en el pasado como si fuera un tiempo inmóvil a modo de museo. Qué olvidamos que la historia y la impunidad han ido avanzando en tiempo y espacio. Una memoria afirmada más en el dolor y el daño que en las resistencias.

6. La lucha y la denuncia de las otrora organismos y organizaciones de Derechos Humanos y su campo de actuación estancado en el pasado, burocratizando su accionar en la institucionalidad estatal, esa misma que desde siempre ha reprimido al menor atisbo de exigencia pues “el león es un sanguinario en toda generación”.

7. A casi 3 décadas de la llegada por la vía pactada de ésta democracia, con sendos informes que demuestran la violencia y la desidia en un período oscuro de nuestra historia, aun siendo pendiente la construcción de un Ethos colectivo como sistema que garantice el cuidado, el respeto irrestricto, el ejercicio y la protección de los Derechos Humanos.

Concluyo con la esperanza de que estos gruesos trazos en torno al tema de la violencia, causas y efectos nos permitan ir generando algunas miradas, observaciones diferenciadas pero sin vacilaciones, a esta problemática que nos sigue interpelando.

Para finalizar, la violencia es inherente a una estructura social injusta, a un orden social basado en la explotación del trabajo por el capital, en la exclusión y marginación económica, social y cultural de vastos sectores sociales. De hecho, la violencia no se reduce únicamente a su manifestación más ostensible, a su forma represiva. Esta última es sólo una vía que permite mantener maniobrando y desarrollándose a la violencia estructural en su conjunto, como es el capitalismo.

Reflexión Final:

¿Quién llamó a los brutos, quién les abrió la puerta, quien los autorizó? ¿Los llamarán también cuando los chicos conversen en clase o no hagan las tareas? ¿Es un nuevo modelo pedagógico, apalearlos en el patio para que prefieran estar en clases? ¿Si apalean al interior de los liceos… ¿Qué podemos esperar en la calle?

SOCIEDAD, INFANCIA Y VIOLENCIAS

Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad

(Karl A. Menninger)

La violencia escolar es un fenómeno que cada vez preocupa más a la ciudadanía y a los gobiernos. En el caso de América Latina se ha convertido en un problema central en la agenda pública, y como tal se aborda mediante diferentes y diversas estrategias de intervención. En numerosos casos, el problema se manifiesta como situaciones de convivencia y/o de estructuras sociales que ejercen violencia en las personas, sin embargo también pueden ser concebidos como hechos que evidencian elementos propios de la delincuencia juvenil.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indica que la violencia en la escuela es reflejo de la sociedad, especialmente en el mundo no desarrollado. Entre las causas más importantes señala: la pobreza, el trabajo infantil, la trata de menores, el sida, la ubicación en lugares geográficos remotos, infraestructura deficiente, el origen étnico, la escasa categoría social de las mujeres, la falta de educación de los padres, los conflictos civiles y los desastres naturales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), por su parte señala que diversos son los factores de riesgo que contribuyen a ésta creciente violencia, a saber, la incorporación de temprana de los jóvenes al empleo; la falta de movilidad social, cultural o económica; la impunidad; la deserción escolar; la baja remuneración a los trabajadores no calificados; la falta de supervisión de los padres; el maltrato familiar; y, las pandillas en el entorno.

En su “Informe sobre la violencia y la salud” (2003) recoge la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de 1996, que declaró que la violencia es un problema de salud pública fundamental y creciente dándole importancia a las medidas de prevención de este flagelo.

En Chile, durante el último tiempo ha aparecido con fuerza el Bullying, violencia escolar y/o violencia entre pares como nueva preocupación nacional. Ciertamente, los sucesos que se relatan hacen referencia particularmente sobre los modos y formas de relaciones de niños y adolescentes. No existiendo una explicación única para el fenómeno de la violencia y la agresividad, la mayoría de los autores están de acuerdo en que la violencia se aprende de alguna manera, de forma directa o indirecta, a lo largo de la infancia y la adolescencia.

Durante el primer gobierno presidido por Sebastián Piñera Echeñique, se promulgó la “Ley sobre violencia escolar”, en el año 2010. El objetivo de esta ley es establecer definiciones, responsabilidades, sanciones, y procedimientos que se deben realizar para enfrentar situaciones de violencia o acoso escolar, más conocidas como bullying.

No obstante, hemos de señalar la enorme complejidad que conlleva abordar el tema de la Violencia Infantil y Adolescente ya que supone la necesidad de proponer estrategias de intervención orientadas, no solamente a los niños y adolescentes, sino también a los diferentes agentes socializadores —padres, madres, profesores, comunidad en general—, y a todos los que participan en su proceso de socialización.

A la complejidad del tema de la violencia infantil y adolescente, hay que agregar que no existe una verdadera evidencia que permita sustentar la tendencia de los seres humanos a comportarse y pensar de manera agresiva y violenta. Por el contrario, la violencia siempre ha estado presente en nuestra sociedad pero los comportamientos y actitudes de este tipo que son contrarios a las verdaderas necesidades de las personas en desarrollo y, por ello, es posible y necesaria su prevención. El hecho de que los niños, niñas y adolescentes desarrollen modelos agresivos y violentos va a depender de la influencia que en ellos ejerzan los diferentes contextos en que transcurre su etapa de desarrollo.

Una pregunta a partir de una constatación, sí la violencia siempre ha existido en nuestra sociedad, ¿los niños, adolescentes y jóvenes siempre han resueltos sus diferencias y conflictos en forma violenta?, o ¿es una nueva manera de relacionarse, de compararse u diferenciarse entre iguales? Pues las posibles respuestas siempre han ido a una cierta normalización de dichas prácticas.

Es interesante revisar las ideas de Doyal y Gough (1994), éstos plantean que los seres humanos necesitan con carácter general y universal condiciones sin las cuales no es posible que el ser humano se desarrolle e integre de forma satisfactoria a la sociedad. Así, los autores llegan a la conclusión de que la salud física y autonomía son esas condiciones básicas e imprescindibles para que los individuos se desarrollen de forma satisfactoria en cualquier sociedad. Desde este punto de vista —y esa es una de las razones por las que revisamos esta teoría—, es difícil negar la universalidad de estas necesidades para todos los seres humanos y también para los niños, niñas y adolescentes.

Desde esta perspectiva podemos expresar que la agresividad y la violencia tanto la ejercida por los adultos como la que desarrollan los propios niños, es contraria a las necesidades de salud física y autonomía, seguramente y no cabe duda, pueden deberse a serias carencias en la satisfacción de sus necesidades básicas (pobreza, alimentación, educación, hacinamiento entre otras).

Las teorías del aprendizaje han estudiado mucho la adquisición de las conductas agresivas y violentas a lo largo de la historia. Los autores que circunscriben este paradigma consideran que agresividad y violencia no son conductas instintivas ni innatas en los seres humanos, sino que es el medio ambiente el que las refuerza mediante distintos mecanismos de aprendizaje.

Para autores, como Dollard et al (1939), este tipo de comportamiento se adquiere mediante el refuerzo o la falta de inhibición de las conductas agresivas que, de forma espontánea, dan los niños ante la frustración. Para Bandura (1962), se adquieren mediante aprendizaje social, esto es, por la imitación de las conductas agresivas desarrolladas por los adultos u otros niños.

Así, la presencia de los modelos agresivos en la sociedad es lo que para los autores revisados permite explicar no sólo los orígenes de la agresividad y la violencia infantil, sino también su incremento a lo largo de las distintas etapas de la vida, es decir, los niños imitan los modelos agresivos de sus padres, de compañeros, de líderes y, por supuesto, también de la televisión, el cine y los video juegos.

El hecho que un niño actúe y/o piense de forma agresiva y violenta es el resultado de sus propias características (por ejemplo, la edad y el sexo), y de la interacción de éstas con las características de cada uno de los escenarios en que el niño vive en forma directa (familia, escuela, amigos, barrio) como de forma indirecta (la sociedad y la cultura).

No cabe duda que contar con un vínculo de apego que sea seguro y que cubra de forma satisfactoria las necesidades afectivas desde la primera infancia a la adolescencia como base para un desarrollo armónico y sólido, permitiendo la promoción del desarrollo integral de la persona, así como las relaciones, y la comunicación positiva con los demás.

Por tanto, es de vital importancia que durante la Infancia y Adolescencia dos conceptos cobren real y vital importancia: el Autoconcepto y la Autoestima, los cuales se forman a partir de las interacciones que se establecen con los otros.

Con certeza, todos coincidimos en que los niños constituyen la comunidad del presente y del futuro. Por tanto, todos reconoceríamos que ellos son únicos, que sus derechos deben ser protegidos, deben ser asegurados y desarrollados por un Estado democrático, el gobierno de turno y por la sociedad en su conjunto. Para allá se debe caminar, con urgencia y rapidez.

MEMORIAS: DERROTAS Y RESISTENCIAS

Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer (Walter Benjamín, 1940).

A 28 años de finalizada, la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet Ugarte y a 45 años de perpetrado el violento golpe de Estado aún quedan cosas pendientes en nuestro país. La evidencia de lo anterior quedó registrado en dos hechos visiblemente claros pero diametralmente contrapuestos: los dichos del parlamentario de la UDI, Ignacio Urrutia Bonilla, al calificar de “terroristas con aguinaldo” a las personas que sufrieron numerosos vejámenes de la represión política en el contexto de la discusión de un proyecto de Ley (que en sí, no cumple estándares internacionales) para otorgar un monto de 3 millones por única vez a los ex presos políticos del régimen de facto y el segundo hecho; la entrega de títulos póstumos y simbólicos a un centenar de estudiantes de la Universidad de Chile que no pudieron finalizar sus estudios debido a la detención y desaparición por agentes de Estado durante el período dictatorial. Lo último, como un gran acto de justicia, memoria y resignificación esencial para cientos de hombres y mujeres.

Tomo el libro “Lo que queda de Auschwitz: El Archivo y el testigo” y extraigo la siguiente cita: “Lo decisivo es sólo que las dos cosas no se confundan, que el derecho no albergue la pretensión de agotar el problema. La verdad tiene una consistencia no jurídica, en virtud de la cual la questio facti no puede ser confundida con la questio iuris” (Agamben, 2000: 16)

Desde el primer día de instalada la dictadura militar, los familiares y acompañantes se fueron agrupando en la búsqueda de sus parientes cobrando una fuerza gigante el ¿DÓNDE ESTAN?, con el correr del tiempo, clamando, marchando y exigiendo Verdad y Justicia, y en el último tiempo, ese tiempo que no se detiene… buscando reivindicaciones justas y necesarias.

El Estado ese mismo que atropello los derechos fundamentales ante su clamor generoso respondió en la medida de lo posible, a saber:

1. El Informe Rettig entregado en febrero de 1991 bajo el gobierno de Patricio Aylwin Azocar.

2. Las Leyes de Punto Final (acuerdo Figueroa – Otero) de 1995. Este proyecto de Ley evitaría los procesamientos, restringiría las investigaciones judiciales a la localización de los restos de los “desaparecidos”, garantizaría el secreto total para estas investigaciones y permitiría que se archivaran los casos antes de que se hallaran los restos o se estableciera toda la verdad.

3. Detención de Pinochet Ugarte en Londres en octubre de 1998 en virtud de una orden de captura emitida por el juez español Baltasar Garzón Real. Las diversas apelaciones y tratativas del gobierno de turno saliente y entrante dieron sus resultados en marzo del 2000, el Ministerio del Interior británico resolvió liberarlo por razones humanitarias. Ese mismo año de regreso en Chile, el senador debió enfrentar un proceso de desafuero por el caso “Caravana de la Muerte” que llevaba el juez Juan Guzmán Tapia. Finalmente fue desaforado y el citado proceso sobreseído por razones de demencia senil el 2002.

4. La Mesa de Diálogo por los Derechos Humanos convocada en agosto de 1999 bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. La cual entregó un listado en enero del 2001 con el destino final de 200 detenidos desaparecidos.

5. Informe Valech entregado en noviembre de 2004 bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar y su propuesta sobre Derechos Humanos del 2003, “No hay mañana, sin ayer”.

6. Informe Valech II recepcionado en agosto de 2010 bajo el gobierno de Sebastián Piñera Echeñique.

Entonces abro el libro “Recordar, Violación de derechos humanos: una mirada médica, psicológica y política”, y quedo prendido con la siguiente cita: “De modo que la verdad, aunque oficial, fue parcial y escindida, sin nombres de los responsables y sin ser entregada a la comunidad en forma masiva y sencilla, de modo que fuera asumida por toda la sociedad civil. Lo sucedido quedó en la nebulosa, hizo que la mentira continuara y la confusión persistiera, que la realidad no se reconstruyera, no se socializara, no se comunicara, sino más bien se callara y ocultara” (Rojas, 2017: 55-56).

El honorable diputado Urrutia junto a muchos otros silentes olvida que el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas existieron durante todo el período que se extendió la dictadura militar.

Estadio Nacional, Estadio Chile, Pisagua, Chacabuco, Londres 38, Nido 20, Academia de Guerra Aérea, Colonia Dignidad, Venda Sexy, Cuartel Silva Palma, Cuartel Simón Bolívar y Villa Grimaldi por nombrar algunos con más o menos relevancia, con más o menos víctimas, con más o menos sadismo y aberraciones en su interior.

En esas casas, centros de detención, tortura y desaparición final, estuvieron y pasaron miles de hombres y mujeres en distintos períodos. Lugares que con el tiempo se convirtieron en verdaderos anfiteatros del terror, en los cuales se “extirparía el cáncer marxista” como planteaba el general Gustavo Leigh Guzmán y que formaban parte del enemigo interno, sitios donde se fraguó el poder desaparecedor del Estado. Eran lugares en los cuales – en dichos del Mocito- no existía Dios.

Steve Stern, historiador y académico de la Universidad de Wisconsin, traza la noción de memorias sueltas y emblemáticas. Las primeras corresponden al recuerdo de la experiencia personal y las segundas corresponderían a una memoria colectiva que permite ser un marco interpretativo de las memorias sueltas. Son las memorias emblemáticas las que permiten darle un sentido a la memoria suelta, personal e individual.

No cabe duda que sí seguimos la reflexión de Stern, reconocemos en las memorias colectivas el carácter de interpretativas y con capacidad de dar sentido, se hace evidente que las memorias emblemáticas disputan la hegemonía en el escenario social. Es decir, una suerte de competencia por la supremacía, al modo de competencias que señala Bourdieu en su concepto de habitus y campo. Así las memorias definen sus relaciones de poder al interior del campo.

Para Stern, en Chile las memorias emblemáticas respecto al Golpe y la Dictadura se componen de cuatro variantes:

a. La memoria como salvación, aquí la idea es de un trauma vivido antes del Golpe militar durante la Unidad Popular en la que la idea de una inminente guerra civil es “defendida” por el advenimiento de la intervención militar;

b. Una segunda memoria, es opuesta a ésta, en tanto es una memoria que tiene como idea central al trauma, puesto en la experiencia de la dictadura con el terrorismo de Estado como práctica que interrumpe las vidas de los sujetos dañándolas para siempre;

c. Una tercera memoria, es la de los valores que se ponen a prueba en la Dictadura, es muy cercana a la anterior, pero no es necesariamente de personas afectadas por el terrorismo de Estado sino de quienes se sienten interpelados éticamente tanto desde la violencia de la dictadura, como de las violencias ejercida por grupos de izquierda.

d. Y por último, la memoria como olvido, es la cuarta memoria emblemática que está más cerca de la primera, en tanto es mejor no hablar, el Golpe militar y la Dictadura son vistos como problemas peligrosos.

Estas cuatro memorias actúan en el espacio de la memoria colectiva disputando la centralidad de su versión de la experiencia del pasado, del discurso que portan y de los significados que quieren relevar al resto de los grupos, comunidades y por ende, de toda la sociedad.

En el contexto descrito anteriormente, aparecen los discursos para exponer la (s) propias versiones del pasado en el espacio público, por tanto, abriéndose al cuestionamiento y/o confrontación, es decir, al debate político. A través de afirmaciones, negaciones, silencios, justificaciones se irán articulando las memorias matizadas y mezcladas en dicho espacio.

En este sentido, lo que emerge son narraciones del pasado sin claridades políticas que se van sitúan en la zona gris como afirmaba Levi y Calveiro, en donde el antagonismo como forma de ubicar la diferencia se diluye.

Dicho de otra forma, las narraciones y sus relatos que se articulan del pasado no obstaculizan la posición del otro; no producen incomodidad, ni disputan hegemonía pues al no existir dos “bandos” no llegan a producir conflicto. Por tanto, la despolitización y privatización operan en los discursos de las memorias a partir de aquello, reordenando las posiciones y fuerzas para una disputa sinfín sobre qué es, cuándo es y cómo se hace, la memoria.

Lo anterior, efectos de un campo de debate y disputas no saldado, pues la gran mayoría de las veces las propuestas de soluciones han llegado desde la institucionalidad tejiendo en ocasiones subrepticiamente un particular orden social… el consenso.

Recordemos a Todorov “aquellos que, por una u otra razón, conocen el horror del pasado tienen el deber de alzar su voz contra otro horror… lejos de seguir prisioneros del pasado, lo habremos puesto al servicio del presente, como la memoria –y el olvido- se han de poner al servicio de la justicia”.

JUVENTUD: SOÑADORA Y COMBATIENTE

Vamos, compañeros,

con la frente alta,

quien lucha por algo

lo alcanza…

Corrían los años 80. Eran años de organización social y lucha por derechos y libertades. Los partidos políticos en la clandestinidad, al mismo tiempo que con avances, y retrocesos las organizaciones de la Resistencia mostraban caminos posibles. A pesar de la represión, la lucha en contra de las injusticias se abría paso. El dolor de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados y de los prisioneros políticos no amilanaba las convicciones y la decisión. Por el contrario, las injusticias, la exclusión y las acciones represivas de la dictadura, estimulaban la organización social y la lucha.

En ese marco, los jóvenes de entonces, haciendo honor a su condición de tal, se y nos integrábamos a diversas formas de resistencia social y política, y por supuesto valorando las más combativas y radicales. Sin temor a equivocarse -porque el corazón nos latía al ritmo de la historia- era una juventud popular y libertaria, una juventud rebelde contra la injusticia y la opresión, una juventud llena de amor a la vida y decidida en el combate.

En las poblaciones, entre los mapuches, en los campos, entre la juventud estudiantil y trabajadora calaron hondo la disposición a la lucha de las organizaciones más combativas y rebeldes. Por ese entonces, el país se remecía con las protestas nacionales y surgían nuevas expresiones de participación social y formas de lucha. Así, se gestan coordinaciones en las organizaciones de base, aumenta el protagonismo del movimiento estudiantil que asume un carácter nacional, rearticulando federaciones y centros de alumnos. Las poblaciones eran un hervidero de solidaridad. Hombres, mujeres y jóvenes eran cómplices en el entusiasmo y la creatividad para resistir y luchar. Nacen formas de autodefensa, comienza a desplegarse la movilización de profesores, trabajadores de la salud y profesionales que van reconstruyendo sus organismos gremiales, sindicales. Y en todas estas luchas, la juventud irrumpe con fuerzas, altiva, generosa.

Fueron miles. Muchos miles que salieron a las calles, barricadas de por medio, para protestar, reclamar, exigir y luchar por el término de la dictadura y la construcción de un país inclusivo, especialmente de los más pobres. En esas luchas y en esos combates, que hoy forman parte de la historia, destacaron muchos.

Pero hoy quiero recordar.

Rescatar una parte de las historias del campo popular. Destacar nombres de quienes lucharon en los destacamentos que resistieron. Pues ellos, con su compromiso militante, con esfuerzo y entrega se confrontaron con la opresiva dictadura y pese a la poca experiencia entregaron lo mejor que tenían en ese momento. Que sus nombres no queden en el olvido.

Por eso quiero recordar… que recordemos a:

MAURICIO ARMANDO MAIGRET BECERRA, 18 años, estudiante secundario, militante del MIR, caído en combate, el día 29 de marzo de 1984, en el levantamiento local de Pudahuel y ataque a la Subcomisaría Teniente Merino. El Mauro cayó abatido mientras hacía contención cubriendo la retirada de su jefe y compañeros. Su cuerpo presentaba dos impactos de balas, una de un fusil SIG y otra de una sub ametralladora UZI, su menudo y juvenil cuerpo quedo tendido en el Pasaje Nassau cubierto con la bandera Roja y Negra, con las 3 letras cada vez más brillantes.

EDUARDO ANTONIO VERGARA TOLEDO, 19 años, estudiante universitario, militante del MIR, dirigente estudiantil de la UNED en el Pedagógico, sancionado del mismo. Cayó en combate el día 29 de marzo de 1985. El hecho ocurrió cerca de las 19:40 horas en el sector Las Rejas con 5 de abril.

RAFAEL MAURICIO VERGARA TOLEDO, 18 años, estudiante secundario, militante del MIR, integrante de organizaciones cristianas de base, sancionado y expulsado del Liceo de Aplicación “por conductas terroristas”, promotor e impulsor de la AEM y COEM. Caído en combate con su inseparable hermano, el día 29 de marzo de 1985 con carabineros de la dotación de la 21ª Comisaría.

Luego de una misa efectuada en la parroquia Jesús Obrero, el cortejo inició una lenta y apretada marcha a pie hacia el Cementerio General. Incluso en esos momentos nuestros gritos, emblemas y puños alzados fueron desafiados por una ligera y corta llovizna… el cielo también lloraba a nuestros caídos. En el Cementerio General despidieron los restos de los hermanos Vergara, el sacerdote Pepe Aldunate, Fanny Pollarolo por el MDP, y el tata Rafael Maroto.

PAULINA ALEJANDRA AGUIRRE TOBAR, 20 años, estudiante, militante del MIR. Paulina asumía la lucha con gran responsabilidad. Joven mujer, hermosa y alegre. El 27 de marzo de 1985 la casa de calle Pastor Fernández N°16.100 en Las Condes, donde residía, fue allanada por la CNI, por denuncias de vecinos, “encontrando armas y material subversivo”, quien dispuso una guardia con el objeto de detenerla. Ella regresó el viernes 29 de marzo a las 23:15 horas, siendo acribillada. El informe de autopsia señala que Paulina recibió dos disparos en la cabeza, uno en el cuello, tres disparos en la mano derecha y dos disparos en el antebrazo izquierdo.

Sus nombres están grabados en el recuerdo de muchos. Y de seguro, cada vez que las nuevas generaciones se despliegan por las calles demandando derechos, el ejemplo y el recuerdo de esas luchas y de esos jóvenes se convierten en obligada reflexión para enfrentar los desafíos actuales.

Sus aspiraciones y ejemplo viven, son un referente y un camino que señala… las huellas de luchas presentes y futuras.

…Vamos caminando,

los puños cerrados

y los corazones alzados.

(Vamos Estudiantes, Daniel Viglietti)

GENERACIÓN: ENTRE EL OLVIDO Y LA MEMORIA

Yo soy de la generación

Que ve posible la vida

La que recuerda encendida

A aquel que un día cayó…

Formo parte de una generación de la cual, en estos tiempos, se habla poco. Somos como todos o quizás solo nombres que pocos conocen, pero fuimos muchos que confiados y decididos nos integramos a la lucha contra la dictadura y formamos parte de otro nombre que convocó a miles: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR.

Quienes resistimos y militamos en los 80, lo hicimos guiados por la historia de lucha de quienes resistían y el ejemplo de las organizaciones de izquierda, en particular del MIR. Nuestras nociones elementales estaban regidas por el valor ético y digno de muchos caídos y la oposición consecuente a la Dictadura.

El amor a la libertad y a la justicia nos bastaba para sentirnos parte de la lucha de un pueblo. Por ello, en estos tiempos, en que muchos recuerdan, encontramos que son escasos los que se refieren a nuestra generación como parte de la historia popular y militante y más escasos aun los que abordan el tiempo de las protestas, las crisis internas y el advenimiento de los gobiernos “elegidos”.

Corrían los años 80, la experiencia en Neltume, pese a su aislamiento y aniquilación, se transformaba en un digno ejemplo para continuar la lucha. La seguidilla de acciones militares y milicianas entre el 79 y el 82 era un aliciente que demostraba que la lucha era posible La irrupción de vastos sectores populares a comienzos del 83, nos estimulaba a no decaer y a triplicar los esfuerzos dado que el triunfo de los sandinistas que, nos había ratificado que ninguna de sus tendencias tenía por sí sola la razón, nos señalaba los caminos futuros.

La muerte de hombres y mujeres que resistían y luchaban nos inspiraba para seguir su ejemplo amen del inmenso dolor que nos causaba. Esos caídos y las de muchos anónimos en las protestas populares que coreaban el “Pan, Trabajo, Justicia y Libertad” y el “Chile no se rinde caramba”, embargaban nuestras vidas para no separarse de nosotros y de nuestra acción.

Ese era el espíritu que nos guiaba y ese aliento determinaba nuestro quehacer en los liceos, en las poblaciones o en las universidades. No teníamos mucho que perder, pero con nuestra decisión y arrojo aspirábamos a alcanzar libertades y un mejor futuro. El sentimiento antidictadura teñía nuestras vidas de amor y rebeldía.

Quizás en la vorágine de los acontecimientos, guiados por nuestras rebeldías, con la certeza de que si no se lucha no se triunfa, no nos abocamos a la reflexión de los grandes problemas de la táctica y la estrategia.

Quizás, al estar armados de nuestras esperanzas no evaluamos las experiencias de Neltume, los levantamientos populares, los golpes represivos, los planes político-militares o las campañas. También es probable que ello lo delegáramos en los más experimentados, los más conocedores. Por ello, nos sorprendió la fragmentación, y seguramente ante el dolor provocado y como intento de aminorarlo, nos hicimos eco de prejuicios hacia quienes habían sido nuestros compañeros, que visto hoy con la distancia que otorga el tiempo, también nos duele.

Luego, fuimos actores y testigos de la desintegración; de la creciente disminución de la capacidad organizativa. Fuimos testigos de cómo un pueblo despliega enormes esfuerzos de lucha, aprende y persevera en su camino. Luego observamos, con impotencia, los acuerdos negociados entre la dictadura y sectores de la oposición “democrática”. Con impotencia vimos también, que nuestros vínculos sociales se debilitaban sin comprender las causas de fondo.

Eso es parte de nuestra historia como generación. Al igual que muchos, estamos orgullosos de nuestra historia, llena de pasión por cambiar el mundo. Quizás, podríamos ser los más duros críticos de los partidos políticos de entonces, de las organizaciones revolucionarias de ese tiempo y del MIR, en particular, pues nos correspondió “habitarlo” en medio de la más brutal represión, debilitadas, de alguna manera ya, sus capacidades de formación, con prácticas “verticales” y conspirativas como consecuencia de la política de exterminio desatada por la dictadura.

Percibimos, enormes esfuerzos de muchos, pero no suficientes para superar implementaciones artesanales de muchas políticas. También podríamos ser extremadamente duros con aquellos que entonces nos alentaban a seguir y hoy han renunciado a su propia historia, a nuestra historia. Podríamos criticar con rabia a las direcciones de todas las fracciones por su incapacidad para explicarnos los motivos de la división y sus consecuencias.

Pero creemos que no se trata de responsabilizar a otros por los errores de todos. La lucha social y política esta llena de requerimientos teóricos, políticos, materiales y también de experiencias y aprendizajes colectivos para confrontar escenarios en que los poderosos han acumulado no solo poder sino también conocimiento.

En cuanto a los errores propios, cierto es que unos tienen más responsabilidades, más historia, que en las militancias ocupábamos niveles orgánicos distintos. También es cierto, que muchos de nuestra generación fueron cooptados por el sistema, algunos andan en búsquedas de espacios donde transmitir su experiencia y los más, transitan los caminos de la apatía.

El mundo de hoy es distinto… el Chile de hoy es distinto, los pobres del campo y la ciudad se acrecientan. La construcción de alternativas para un Chile justo y solidario requerirá aprender de las lecciones que deja las experiencias de las luchas del pasado.

El camino es largo, la tarea por la cual cientos de militantes dieron sus vidas continúa vigente, las injusticias aún golpean sobre amplios sectores de nuestra sociedad. Los cambios registrados en el mundo y en nuestro país, imponen formular un nuevo paradigma para cumplir los sueños pendientes, ese es el desafío, hacia allá nos orienta el futuro.

La que persigue el calor

Que abraza y que da cobijo

La que renueva en sus hijos

Sus votos por algo mejor…

(Mi Generación, Pancho Villa)