Cuando la desaparición y la tortura son manipuladas por quienes hablan como nosotros, tienen nuestros mismos nombres y nuestras mismas escuelas, comparten costumbres y gestos, provienen del mismo suelo y de la misma historia, el abismo que se abre en nuestra conciencia y en nuestro corazón es infinitamente más hondo que cualquier palabra que pretendiera describirlo.
(Julio Cortázar, 1981, Negación del olvido).
La Escuela de Mecánica de la Armada fue el centro del poder político del fallecido almirante Emilio Eduardo Massera. Centro de formación para futuros suboficiales a partir de marzo de 1976 se convirtió junto a Campo de Mayo en la principal cárcel y centro de exterminio por donde transitaron alrededor de 5.000 detenidos durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional que impulsó la Junta Militar Argentina. El 90 por ciento de ellos murió y/o se encuentran desaparecidos.
La descripción que hace de dicho lugar el informe Nunca Más realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) es clara y categórica: “no sólo era un centro clandestino de detención donde se aplicaban tormentos, sino que funcionaba como el eje operativo de una compleja organización que incluso posiblemente pretendió ocultar con el exterminio de sus víctimas los delitos que cometía” (1984).
En dicho lugar centralizaron sus operaciones los Grupos de Tareas 3.3.2 y 3.3.3, que formó Massera quien, además arengaba personalmente a los oficiales antes de salir en busca de potenciales prisioneros. Lo integraban el vicealmirante Rubén Jacinto Chamorro, alias “Delfín”; los capitanes de fragata Jorge Eduardo Acosta, alias “El Tigre”; Alfredo Ignacio Astiz, alias “El Ángel Rubio”; Juan Carlos Rolón, alias “Niño” y Antonio Pernías, alias “Trueno” y los capitanes de corbeta Adolfo Francisco Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo, alias “Marcelo” entre otros.
El casino de oficiales, fue el espacio central de alojamiento y tortura de los secuestrados. Posee tres pisos. Allí los detenidos eran alojados en el tercer piso, denominado “capucha”. También en un altillo, denominado “capuchita”, y en el sótano. Desde este lugar “trasladaban” a los cautivos. Eufemismo utilizado para sacar a los prisioneros que previa inyección de Pentotal -que los represores en son de macabro sarcasmo llamaban Pentonaval- eran subidos a aviones navales y arrojados al Río de la Plata. Fueron los llamados “vuelos de la muerte”.
El tercer piso llamado “Capucha”, tenía pisos de cemento que se pintaban constantemente, sin ventanas, con pequeños ventiluces que daban a los “camarotes”, unas celdas con paredes de mampostería. Frente a los “camarotes” se alineaban las “cuchas”, estrechos cubílos donde se tenían encapuchadas, esposadas y engrilladas a las víctimas. Acá, además, estaba el “Pañol”, sitio donde se almacenaban los bienes robados. Entre la “Capucha” y el “Pañol” se hallaban los baños y tres habitaciones, una de ellas para las prisioneras embarazadas (Martynuk, 2004: 14)
Hace una semana se realizó el juicio más relevante en la Argentina y Latinoamérica por violaciones a los Derechos Humanos después del Juicio a las Juntas realizado en 1985 también en la Argentina. Veintinueve represores fueron condenados a prisión perpetua por cometer Delitos de Lesa Humanidad en la ESMA durante la última dictadura y por arrojar vivos al mar los cuerpos de prisioneros en los llamados “Vuelos de la Muerte”.
El mencionado juicio que incluyó a poco mas de 750 víctimas -de las cuales una mayoría murió en las largas sesiones de torturas o fueron arrojados vivos desde aviones navales- duró cerca de cinco años y en los que se juzgó a 54 acusados por delitos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos el secuestro, la desaparición forzada, la tortura y el genocidio.
Entre los casos investigados y juzgados se encuentran el secuestro y desaparición de las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Dumont; el secuestro y desaparición de Esther Norma Arrostito; la desaparición de la sueca Dagmar Ingrid Hagelin, las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Ana Bianco y Esther Careaga y la desaparición de Rodolfo Jorge Walsh, sucesos que ocurrieron en la Escuela de Mecánica de la Armada.
De este modo, la Justicia avanza en un proceso integral, de reparación sanador y sobre todo, resignificando el dolor a familiares sobrevivientes por crímenes bajo la Dictadura Militar, particularmente en la actual dinámica regresiva del continente que intenta instalar una restauración conservadora y generar un olvido acerca del pasado reciente.
A partir de este juicio, de la presentación de los hechos y sus argumentos esgrimidos, podríamos afirmar dos cuestiones fundamentales, a saber:
1. Es posible juzgar delitos de Lesa Humanidad a pesar de la existencia de un gobierno de derecha que se esfuerza por restringir derechos. Por tanto, en uno progresista debería haber más y mejores facilidades, pues los gobiernos deberían promover y generar condiciones reales que garanticen a las víctimas recurrir ante los tribunales, al mismo tiempo que se reivindican verdadera y cotidianamente sus nombres.
2. Los grandes medios de comunicaciones -muchos de ellos identificados con la dictadura mientras otros eran complacientes con ella- son co-responsables en la represión, incluso en el propio juicio se demostró cómo la censura, el ocultamiento y manipulación de la información contribuyó anticipadamente a criminalizar a las víctimas y su lucha de resistencia, al mismo tiempo que difundían falsas informaciones provenientes de los propios servicios de seguridad dictatoriales. Con lo anterior, los grandes medios de comunicación otorgaban una legitimidad al actuar genocida de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Situación esta última que no diferencia a las dictaduras del cono sur, incluida la de Chile.
Como sostiene Pilar Calveiro, los campos de concentración son un concepto político que toma su energía de un intento de reconstruir la figura de lo humano bajo el imperio del terror y la tortura. Los campos de concentración fueron el dispositivo ideado para concretar la política de exterminio, esa que separa amigos de enemigos (2004: 11)
Los centros de detención y secuestro fueron una realidad en nuestros países. Los detenidos, los sobrevivientes, sus familiares y entornos sociales directos y sus descendientes conservan y transmiten dicha memoria. Pese al negacionismo y olvido promovido por intereses vinculados a quienes participaron o usufructuaron de tan oprobiosos regímenes. Sí cualquier sociedad desentraña sus responsabilidades difícilmente podrá comprometerse con sus problemas éticos y relativizará los conflictos vinculados con la impunidad, la justicia, la corrupción y la muerte.
Dicho lo anterior, entre las garantías para un real “Nunca Más” estarán siempre la Verdad, la Justicia y la Memoria. Debemos aprehender de la Historia de la humanidad que trágicamente nos enseña que se puede repetir. La JUSTICIA y sólo ella con su virtud pueden cumplir su cometido ético para dejar huellas indelebles para las venideras generaciones.
Bibliografía:
1. Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1984.
2. Claudio Martyniuk. ESMA. Fenomenología de la desaparición. Prometeo Libros, Buenos Aires, 2004.
3. Pilar Calveiro. Poder y Desaparición. Los campos de concentración en Argentina. Ediciones Colihue, Buenos Aires, 2004.
No hay comentarios:
Publicar un comentario